Política

Seis años y $60 millones de pura inoperancia: el ‘flamante’ sistema de pagos estatales

Tampoco incluye propiedad intelectual

“El gobierno y el Ministerio de Economía tienen la obligación legal y moral de informar al Ecuador sobre todos los pormenores del contrato para la producción del SinAafip, y el costo-beneficio de haber utilizado cuantiosos recursos para un sistema que presenta graves debilidades para su funcionamiento. Además, el país no sería dueño de los códigos fuente que son de propiedad del consorcio que produce el Sinafip, el cual factura por cada desarrollo adicional “, acotó el miembro del Observatorio de la Política Fiscal

REALIDAD. El sistema generó más problemas que soluciones Se invirtió seis años y sesenta millones de dólares en un contrato con un consorcio español, que solo ha causado dificultades para el pago de bonos y transferencias del Estado.

Mediante oficio Nro MEF-VGF-2020-0011-C, publicado el 31 de diciembre de 2020, el Ministerio de Economía dispuso que todas las entidades del sector público utilicen obligatoriamente el Sistema Integrado para la Administración de Finanzas Públicas (Sinafip) desde el 4 de enero de 2021.

Ese sistema debía reemplazar al anterior eSIGEF, que operaba hace más de 14 años, y facilitar las transacciones, pagos y contabilidad del Estado. Sin embargo, tras casi dos meses de su implementación, el sistema es un fracaso.

Ejecución del presupuesto

Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, no se ha tenido información de la ejecución del presupuesto de este año y el Sinafip ha demostrado ser inadecuado para sustituir a los aplicativos anteriores.

“Para cubrir algunos compromisos, como los bonos a los pobres y otros, se ha acudido a órdenes de pago mediante oficios. Para algunas transacciones se utiliza excel. Se ha vuelto a la precaria ejecución de hace algunas décadas. Para el pago de sueldos de enero se ha vuelto a utilizar los eSIGEF y otros”, dijo.

Ante ese nivel de desorden, la noche del 21 de febrero 2021, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía reconoció “demoras en la administración del sistema pagos”, y anunció que se ha decidido postergar, por un año más, la implementación del nuevo sistema y se volverá a operar con los anteriores en los próximos días.

“Se ha detectado la necesidad de efectuar ajustes, correcciones, y fortalecer el conocimiento y manejo del Sinafip por parte de las distintas entidades que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE)”, dice ese comunicado

Falta de transparencia sobre el contrato

La producción e implementación del Sinafip se contrató por alrededor de $60 millones a un consorcio entre el Corte Inglés y la filial nacional de Ayesa Advanced Technologies S.A (ambas de España). Esta última, según la Superintendencia de Compañías, tiene como apoderado al español Franciso Javier García Martín.

Aunque no hay información sobre la ejecución del contrato, Carrera explicó que se conoce que hasta la fecha se han desembolsado $38 millone s y los desembolsos adicionales estarían atados a la entrega y funcionamiento adecuado del sistema.

Tampoco incluye propiedad intelectual

“El gobierno y el Ministerio de Economía tienen la obligación legal y moral de informar al Ecuador sobre todos los pormenores del contrato para la producción del SinAafip, y el costo-beneficio de haber utilizado cuantiosos recursos para un sistema que presenta graves debilidades para su funcionamiento. Además, el país no sería dueño de los códigos fuente que son de propiedad del consorcio que produce el Sinafip, el cual factura por cada desarrollo adicional “, acotó el miembro del Observatorio de la Política Fiscal.

6 AÑOS han transcurrido desde que se empezó a desarrollar el Sinafip. En 2020 se intentó una fase piloto, sin resultados. En las actuales circunstancias, la Contraloría General del Estado debería realizar un examen especial del contrato y establecer las responsabilidades legales que correspondan en cuanto a su suscripción, idoneidad del monto del contrato, uso de los recursos, costo-beneficio, y factibilidad de su aplicación en reemplazo del eSIGEF. (JS)