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RSE Venezuela | Se prepara la extinción del dominio de la corrupción

Adolfo Ledo Nass
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Sobre las fincas, haciendas, terrenos, consideradas como propiedades productivas que pudieran ser objeto de extinción, Marín propuso que se les entregue al Sistema Nacional de Redistribución de Tierras que maneja el Ministerio de Agricultura para entregárselas a los campesinos

CASO. Fotografía de una casa incautada en un proceso por delito de cohecho. (Foto: Fiscalía) Esta propuesta busca atacar a los bienes obtenidos con recursos de la corrupción. Atacará también al testaferrismo.

Una herramienta jurídica para resarcir al país del asalto que ha sufrido en los últimos años por actos de corrupción, se discute en la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o injustificado, conocida también como Ley de Extinción de Dominio.

La propuesta legal terminó el primer debate en el Parlamento y varios legisladores hicieron propuestas para dejar un reglamento pulido que vaya al Pleno en la segunda y definitiva discusión.

La comisión encargada de aprobar el informe fue la de Participación Ciudadana. Su presidente, el asambleísta Raúl Tello, destacó que de las observaciones planteadas ni una sola fuera de carácter constitucional.

Detalles

Tras el debate, la mesa legislativa se reunió para analizar la posibilidad de incorporar disposiciones contenidas en otros proyectos de Ley, como por ejemplo, una presentada por la asambleísta Elizabeth Cabezas (PAIS), que tiene fines parecidos a la de Extinción de Dominio.

Tello agregó que la Comisión recibirá en los próximos días nuevas comparecencias para receptar, con más detalle, los aportes planteados en el Pleno.

Uno de ellos, dijo,  corresponde a una observación de que en esta Ley no existe recurso de apelación. Reconoció que el planteamiento debería ser acogido, pero considerando los tiempos en que este se tramitará para evitar dilatorias del proceso.

Según el legislador, la Comisión fue cuidadosa en el establecimiento de plazos, tanto es así, que la totalidad de la causa debe sustanciarse en un año, de acuerdo con la propuesta.

El asambleísta César Carrión (CREO) instó a considerar que la Fiscalía pueda, a petición de parte o de oficio, solicitar la reapertura de la causa si aparecen nuevos elementos de convicción en el proceso, aunque este haya sido archivado.

Monetización de bienes

Ana Belén Marín, legisladora por PAIS, indicó que el informe de segundo debate debe establecer con claridad los tiempos en que el Estado monetizará los bienes extinguidos. Dijo, además, que la Ley no debe aupar el crecimiento de la burocracia creando una unidad para este fin, sino que bien podría hacerlo el Ministerio de Obras Públicas, que tomó las competencias del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), institución que se encargaba de administrar los bienes muebles e inmuebles del sector público.

Sobre las fincas, haciendas, terrenos, consideradas como propiedades productivas que pudieran ser objeto de extinción, Marín propuso que se les entregue al Sistema Nacional de Redistribución de Tierras que maneja el Ministerio de Agricultura para entregárselas a los campesinos.

Para que no se estanque el proceso de monetización, la legisladora indicó que la Ley debe establecer con claridad los tiempos para el efecto.  “La monetización es la forma tangible de evidenciar la recuperación”, dijo.

El ponente del proyecto, Fabricio Villamar, reconoció que esto no se contempló en su propuesta.

Jueces especializados

La propuesta legislativa recoge la posibilidad de contar con jueces y fiscales especializados para el trámite de estas causas.

Tello defendió esa opción, pues cree que entregarles los procesos a jueces penales atentaría contra la naturaleza de la misma Ley, que separa la extinción del campo penal.

La acción de extinción de dominio es patrimonial, imprescriptible, autónoma y distinta de cualquier otro proceso o materia. Marín discrepó y dijo que ellos sí podrían sustanciar los procesos. Agregó que en el primer debate a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial se aprobó el fortalecimiento y especialización de los funcionarios actuales en materia de recuperación de bienes de origen ilícito.

El Consejo de la Judicatura, órgano que estaría encargado de la designación de operadores de justicia, ha expuesto que su presupuesto anual es austero.

Tello consideró que los salarios de esos funcionarios se podrían financiar con los recursos recuperados con la Ley de Extinción de Dominio.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en 45 días la Comisión de Participación Ciudadana debe armar el informe para segundo y definitivo debate. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, debe poner en el orden del día para el conocimiento de Pleno. Tras el debate, el informe sube al Ejecutivo que se encargará de los respectivos vetos.

Concluida esa fase, el Legislativo debe pronunciarse antes de la publicación de la Ley en el Registro Oficial. (FLC)

” El ámbito penal va sobre las personas, la extinción de dominio en contra de los bienes. (Es decir) la norma no establecerá sanciones para personas”. Raúl Tello, asambleísta.