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Ecuador convulsionado

Está en lo cierto. La pregunta es si el país permitirá que un gobierno ampliamente conservador intente hacer precisamente eso o, en cambio, volverá a sumergirse en un laberinto de inestabilidad y populismo 

El Ecuador de hoy, una vez más, es un país convulsionado y al borde del abismo democrático, donde el oportunismo político impulsa a quienes se disputan el poder. Portando largos palos de madera y protegidos con escudos artesanales, unos 10.000 indígenas protestaron en varios puntos de Quito contra el gobierno del exbanquero conservador Guillermo Lasso. El gobierno, consideran los manifestantes, es un serio riesgo para la democracia.

En Quito, muy cerca de la Universidad Salesiana que aloja a los manifestantes, se concentraron los choques con la policía antimotines. Los indígenas exigen la reducción de los precios del combustible. En casi un año, el diésel subió 90 % y la gasolina corriente, 46 %.

En 2019, un levantamiento del movimiento indígena de Ecuador y sus aliados provocó el caos en Quito, la capital, y obligó al gobierno centrista de Lenin Moreno a cancelar un aumento en los precios del combustible, una escalada de la que nunca se recuperó. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), nuevamente está en marcha. Bloqueó carreteras, incluida la que conecta a Ecuador con Colombia, en una prueba de fuerza para Lasso. Esta vez las demandas son vagas. La protesta, que según la Conaie será “indefinida”, es una dificultad más para un presidente que enfrenta una proliferación de problemas después de apenas un año en el cargo.

Esos argumentos, los procedimientos y las imágenes hacen recordar las protestas en Chile y en Colombia. ¿Se ha convertido en un modus operandi de cierto sector político latinoamericano?

Lasso prometió un gobierno favorable a las empresas que impulsaría el languideciente crecimiento económico y cubriría un déficit fiscal crónico. Ha propuesto reformas fiscales y laborales, y medidas para atraer inversión privada. Tuvo un buen comienzo gracias a una exitosa campaña de vacunación.

Si bien ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado —a causa del disgusto popular con su oponente, el expresidente populista de izquierda Rafael Correa—, en una elección legislativa anterior, el partido de Lasso había obtenido apenas 12 de los 137 escaños parlamentarios. El resultado es que la Asamblea Nacional, que tiene una mayoría de centroizquierda, ha bloqueado sus proyectos de reforma. El único logro legislativo relevante del gobierno, una reforma fiscal que aumenta principalmente la carga sobre los ricos, fue adoptado por decreto.

Precisamente Correa comentó que ve “la situación actual del Gobierno ecuatoriano muy comprometida” por las protestas. En su opinión, es una administración “con altos niveles de desaprobación que ha manejado muy mal la crisis y ha echado gasolina al fuego”.

Comentarios aparte, la economía se está recuperando de la pandemia, aunque lentamente. La inflación, del 3,4 %, se encuentra entre las más bajas de América Latina, en parte porque Ecuador ha utilizado el dólar estadounidense como moneda desde el año 2000.

El reciente aumento en el precio del petróleo ha proporcionado ganancias inesperadas, lo que significa que el gobierno puede lograr equilibrar las cuentas este año por primera vez desde 2000.

Lasso insiste en que ha “construido un puente” hacia un país mejor. Sin embargo, los ecuatorianos no ven la mejora o no la quieren ver. Más bien, les preocupa una ola de delincuencia, en gran parte vinculada a las bandas de narcotraficantes. Esto no comenzó con Lasso, pero ahora es él quien tiene que lidiar con eso.

Los asesinatos casi se duplicaron el año pasado y 380 personas han muerto en masacres en prisiones desde principios de 2021. También hay quejas de una disminución en la calidad de los servicios públicos, desde la lentitud en la renovación de pasaportes hasta la disponibilidad de medicamentos.

Durante un discurso en mayo que marcó su primer año en el cargo, Lasso ofreció una larga lista de promesas de gasto social, incluida policía adicional.

“Este es un gobierno que trabaja en silencio”, dijo el primer mandatario. Probablemente ese sea uno de sus problemas. Su índice de aprobación, que se disparó a más del 70 % debido a la campaña de vacunación, se ha reducido a menos del 30 %, lo cual lo deja con una alta vulnerabilidad.

Mientras tanto, la oposición está mostrando músculo. El mes pasado expulsó a la presidenta de la Asamblea Nacional. Los partidarios de Correa respaldan las protestas de la Conaie. El gobierno arrestó a Leonidas Iza, el presidente marxista de la Conaie, responsabilizándolo por “acciones vandálicas” que, según dijo, incluyeron ataques contra vehículos policiales, fincas comerciales y una estación de bombeo de petróleo. Aunque lo liberaron rápidamente, enfrenta cargos.

Mucho depende de si los operadores de autobuses y camiones se unen a las protestas. El alboroto en Quito en 2019 dañó la reputación del movimiento indígena entre la gente de la ciudad, y Lasso congeló los precios del combustible en octubre pasado. Eso podría ayudarlo a capotear las protestas, pero no garantiza un éxito más duradero.

Antes de Correa, quien se benefició de una gran ganancia inesperada del petróleo, cada uno de los cinco presidentes anteriores duró solo dos años en promedio. ¿Podría ser ese el destino de Lasso? Algunos de sus asesores quieren que acuda a un dispositivo constitucional por el cual podría convocar nuevas elecciones generales, arriesgando su propio trabajo con la esperanza de asegurar una legislatura más dócil. Hasta el momento ha rechazado esa opción. “Ecuador no necesita más elecciones”, dijo el mes pasado. “Ecuador lo que necesita es ser gobernado, y bien gobernado”.

Está en lo cierto. La pregunta es si el país permitirá que un gobierno ampliamente conservador intente hacer precisamente eso o, en cambio, volverá a sumergirse en un laberinto de inestabilidad y populismo