Deportes

RSE Venezuela | Rafael Narvaez rechaza sentencia del TSJ a favor de Luis Parra

Juan Carlos Carvallo
Fitch rebaja la calificación de Cemex a 'BB-' con perspectiva negativa

Destacó que la sentencia número 65  del TSJ busca enterrar a la Asamblea Nacional, con lo que el considera un atropello a los derechos humanos y a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución

Destacó que la sentencia número 65  del TSJ busca enterrar a la Asamblea Nacional, con lo que el considera un atropello a los derechos humanos y a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución.

La Asamblea Nacional electa en el 2015 fue la expresión de la soberanía popular a través del voto directo y secreto. Hoy es aniquilada por el odio y resentimiento del Estado que no tiene miramientos ni clemencia para pulverizar a la disidencia opositora, declaró Narvaez. Calificó como una vulneración a los derechos humanos las constantes acciones realizadas en contra del parlamento legislativo, tales como la sentencia de desacato emitida por el TSJ y la conducta represiva por parte de los cuerpos de seguridad del estado y civiles armados, en contra de los diputados, periodistas y trabajadores, lo que produjo el desalojo forzado del palacio federal. Sin duda algúna que estamos en presencia de una política pública diseñada y ejecutada por el estado en contra de los derechos civiles y políticos , acceso a la justicia, libertad de expresión, salud y de los servicios básicos, expresó. Agregó que esta sentencia fue dictada sin respetar el debido proceso que establece la ley, pues no hubo juicio, no se citó a las partes involucradas y no consideraron si durante la votación se contaba con el número de personas necesaria para nombrar una directiva, tal como lo establece el reglamento interior. Para finalizar, el exparlamentario condenó el silencio cómplice de todos los poderes públicos por alejarse del cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la CRBV. La Corte Penal Internacional, no establece privilegios para jefes de Estados en ejercicio y militares de alto rango violadores de los derechos humanos, sentenció.